15/05/17 :: Por Dr. Roque Dalprá
2x1: Un grave retroceso en la política de Derechos Humanos



El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se le otorga el beneficio del 2x1 al  genocida Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad es una vuelta a la impunidad que creíamos superada.
Para entender de que se trata este fallo es bueno definir algunos conceptos que hacen a la esencia del mismo.  En primer lugar determinar que se entiende por delitos de lesa humanidad, para esto debemos remontarnos al final de la segunda guerra mundial cuando el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno Provisional de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante los aberrantes crímenes cometidos durante el nazismo deciden crear el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y establecer en el Art. 6 Inc. c) CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron. Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración para la ejecución de los delitos anteriormente mencionados, así como los cómplices que participen en dicha formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos realizados por las personas que sea en ejecución de dicho plan.
Se les llama de Lesa Humanidad porque se entiende que estos crímenes no afectan solo al estado en el cual se cometen (como pasa con los delitos comunes), sino que lesionan a la humanidad toda, por lo tanto la persecución de justicia y la aplicación de la condena a quienes los cometen no es una cuestión de un estado en particular, sino de todos los estados que conforman la ONU, además estos delitos son imprescriptibles, según lo dispone la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad en su art. 1 inc. b Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido: Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, de 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio aún si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.  Esta Convención fue incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y al igual que otros tratados y convenciones que fueron incorporados en ese momento, tienen jerarquía constitucional, es decir que están en un pie de igualdad con las normas constitucionales, por lo tanto están por encima de las leyes nacionales, provinciales y las ordenanzas municipales.
 
Por esta razón es que se continúa juzgando a los genocidas que formaron parte de la última dictadura cívico-militar, porque la acción penal en estos casos no prescribe, como si sucede en los delitos comunes.
 
Otra de las convenciones que fueron incorporadas en 1994 a la Constitución Nacional otorgándole también jerarquía constitucional fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que establece en su art. 7 Inc.  5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro  funcionario  autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.  Como consecuencia de esto, se sancionó la ley 24.390 llamada “Ley del 2x1” que dispone en el art. 7 Transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se    computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión.  Esta ley fue derogada en el año 2001, por lo tanto, si tenemos en cuenta que las leyes de Punto final y Obediencia debida fueron sancionadas en 1986 y 1987 respectivamente y que los Decretos de Indultos fueron firmados en 1989 y 1990, todo esto nos demuestra que durante la vigencia de la “Ley del 2x1” no hubo ningún militar cumpliendo condena, además los delitos de lesa humanidad no gozan de ninguna reducción de pena, por lo cual esa ley resulta inaplicable a estos casos.
 
Al momento de decidir si una persona cometió o no un delito, se debe analizar que la conducta realizada fue típica, antijurídica y culpable, es decir que dicha conducta debe estar tipificada por la ley, esta tipificación debe ser exacta, no se puede juzgar por analogía en el derecho penal, a modo de ejemplo, es como en esos juegos para chicos que consisten en una serie de piezas, casi siempre formas geométricas, que encajan en unos orificios que tienen las mismas formas, de modo tal que solo la pieza correcta pueda ingresar.  De la misma forma sucede con las leyes que morigeran las penas, el beneficio debe darse solo cuando esté determinado por la ley, no puede hacerse por analogía, siguiendo con el ejemplo del juego de encastres, lo que pasó con este fallo de la Corte Suprema de Justicia es que intentaron introducir un circulo en donde cabía un cuadrado, obviamente no entró, entonces lo forzaron hasta que se rompió el juego y el circulo pudo pasar, por lo tanto ahora no solo entra el círculo y el cuadrado, también entra cualquier figura por donde antes sólo cabía un cuadrado.  Con este fallo de la Corte se habilita que todos los genocidas puedan solicitar ser beneficiados con el 2x1, ese es el verdadero peligro de la decisión que tomaron Highton, Rosenkrantz y Rosatti, ya que lo que se rompió es la seguridad jurídica.
 
En contraposición a los votos de Highton, Rosenkrantz y Rosatti, es para destacar los votos de Lorenzetti y Maqueda, quienes sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.
Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respecto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).
Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto,  y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.
Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso.
Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390.
Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente,  es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).
 
Los tres Jueces de la Corte Suprema (Highton, Rosenkrantz y Rosatti) que votaron a favor de otorgarle el beneficio del 2x1 al genocida Muiña fueron denunciados por prevaricato y la sentencia puede ser apelada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
Sin dudas que lo que hoy estamos viviendo es un cambio de época, estamos volviendo a la impunidad.  Al igual que pasó con las leyes de Punto Final y Obediencia debida, que fueron consecuencia de los aprietes de los militares, que derivaron en los levantamientos Carapintadas, de la misma forma que pasó con los Indultos (máxima expresión de la impunidad), de un tiempo a esta parte, estamos viendo como muchos de los integrantes de la alianza Cambiemos hablan del fin del “curro de los derechos humanos”, se pone en duda la cantidad de desaparecidos, se intenta deslegitimar la lucha de los Organismos de Derechos Humanos o se trata al golpe de estado de 1976 como “una consecuencia necesaria”, todos estos hechos son los que posibilitan que hoy tengamos este fallo de la Corte, este cambio en la política de Derechos Humanos hace que hoy tengamos nuevamente genocidas caminando por la calle, sin cumplir con su condena.
Pero este cambio de época que se pretende instaurar tuvo un freno el día miércoles, cuando el pueblo en forma multitudinaria se manifestó contra este avasallamiento, en un acto convocado por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y cuando empezábamos a pensar que volvía la impunidad, pudimos ver a Señoras de 80 o 90 años al frente de una marcha, pidiendo Justicia, como lo vienen haciendo hace 40 años.  Demostrándonos que aunque desde 2003, con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, con la declaración de inconstitucionalidad de los indultos en 2006 o con la ratificación de la nulidad de los indultos de los genocidas Videla y Massera emanada de la Corte en 2010, de igual forma que sucedió en el período entre las sentencia del Juicio a las Juntas Militares en 1985 y la sanción de la Ley de Punto Final en 1986, tuvimos una cierta tranquilidad de que se iba a hacer justicia con los genocidas, pero una vez mas vuelve a aparecer la impunidad disfrazada de reconciliación.  El daño que le produjo al ordenamiento jurídico este fallo de la Corte es muy grande y va a ser muy costoso volver a la situación previa, pero sería imposible de lograr sin el acompañamiento que tuvieron el miércoles las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, por lo tanto es imprescindible dar esta lucha, porque como lo expresaran Lorenzetti y Maqueda en sus votos, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de los delitos de lesa humanidad que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.